El MINAGRI y otro golpe burocrático a la economía

Por: Yordanis Álvarez.

La Resolución 233 de julio de 2025 del Ministro de la Agricultura establece un procedimiento general para la producción, beneficio y comercialización del carbón vegetal con destino a la exportación. Su objetivo declarado es ordenar el proceso, recuperar mercados internacionales y restablecer parámetros de calidad. Sin embargo, un análisis integral revela múltiples problemas jurídicos, económicos y prácticos que afectan tanto a la economía nacional como a los productores directos, los carboneros.

Desde el punto de vista jurídico, la resolución adolece de graves deficiencias en su fundamentación y alcance. Aunque invoca el Artículo 145 inciso d) de la Constitución de la República de Cuba, que otorga facultades al Ministro de la Agricultura, resulta cuestionable que una norma administrativa de este nivel restrinja derechos constitucionales como la propiedad privada, específicamente el uso de divisas legalmente obtenidas por los productores. El Artículo 22 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, pero esta resolución limita severamente su ejercicio al imponer condiciones arbitrarias sobre el uso de los dólares recibidos por los carboneros. Esto constituye una invasión de competencias, ya que una resolución ministerial no puede modificar o restringir derechos constitucionales. Además, la resolución incumple el Artículo 165 de la Constitución, que exige la publicación de normas de carácter general en la Gaceta Oficial. Al no estar publicada allí, su validez jurídica es dudosa, lo que genera inseguridad legal para los actores involucrados.

Económicamente, la resolución introduce un sistema de retención y distribución de divisas que perjudica directamente a los productores. El Anexo Único establece que solo el 54% de los ingresos en dólares llega al productor, mientras que el 46% queda en manos de las empresas exportadoras. Además, el productor no puede disponer libremente de sus divisas: no puede transferir, extraer efectivo en dólares o usarlas fuera de los fines aprobados por la resolución, siguiendo la línea de su antecesora y aún vigente la Resolución 25 de 2025 de Ministro de Economía y Planificación. Esto desincentiva la producción, ya que los carboneros, quienes asumen los mayores riesgos y esfuerzos en la cadena de valor, ven limitada su capacidad para reinvertir o mejorar sus condiciones de trabajo, calidad de vida y desarrollo familiar.

 El sistema de retención es especialmente absurdo cuando se analizan los precios de exportación detallados en el anexo. Por ejemplo, para el carbón vegetal de marabú, de cada 355 USD, el productor solo recibe 134.19 USD, mientras que la empresa exportadora retiene 114.31 USD para supuestos fines de desarrollo de la cadena. Esto refleja una distribución inequitativa que beneficia más a los intermediarios que a los productores reales

El impacto en la economía nacional es negativo. La resolución busca aumentar las exportaciones, pero su diseño centralizado y restrictivo probablemente tendrá el efecto contrario. Al limitar la autonomía de los productores y establecer barreras burocráticas, se reduce la competitividad del carbón cubano en el mercado internacional, máxime cuando la vida ha demostrado en los últimos años que el desarrollo y avance en la exportación del Carbón es precisamente gracias al emprendimiento privado con única forma para poder avanzar encadenado adecuadamente con los entes estatales.  Además, la falta de transparencia en el uso de los fondos retenidos por las empresas exportadoras, que no es tan así pues el Gobierno más allá decorar impuestos retiene buena parte de estos ingresos sin aportar absolutamente nada a la cadena de valor,  genera desconfianza y puede derivar en malas prácticas. La resolución tampoco aborda adecuadamente problemas estructurales como la deforestación, ya que aunque menciona la necesidad de plantaciones sostenibles, no establece mecanismos concretos para garantizarlas.

Para los carboneros, campesinos cubanos de a pie y pobres en su mayoría que no tienen ni idea de cómo defenderse ni cuentan con la asesoría adecuada en todos los sentidos,  la resolución representa una carga adicional. Además de cumplir con requisitos técnicos y de calidad, deben someterse a un sistema de pagos que les impide utilizar sus ingresos de manera plena. Esto contradice el espíritu del Artículo 22 constitucional y desalienta su participación en la cadena de exportación. La resolución no fue consultada previamente con los productores, lo que evidencia un enfoque verticalista y desconectado de la realidad en el campo.

Así pues la Resolución 233 de 2025 es un ejemplo de cómo las normas mal diseñadas pueden obstaculizar el desarrollo económico. Su enfoque restrictivo y centralizado limita el potencial exportador del carbón vegetal y perjudica a los productores, quienes son la base de la cadena. Para lograr los objetivos declarados en el RESUELVO TERCERO—ordenar el proceso, recuperar mercados y restablecer la calidad—sería necesario un marco jurídico que empodere a los productores, fomente la producción, garantice transparencia en el uso de divisas y promueva prácticas sostenibles. La resolución actual, en cambio, refuerza un modelo burocrático que ha demostrado ser ineficiente y contrario a los intereses de la economía nacional y sus ciudadanos.

Los que tengan dudas vengan al campo a producir carbón vegetal de verdad y salgan de sus oficinas; entonces allí sabrán si es justa o no este tipo de medidas. Corten marabú, cárguenlo,  acopienlo, pasen noches sin dormir bajo la lluvia al sereno y sin comer, sudando, sientan en sus ojos en su piel en su olor lo que significa el hollín, el humo y los mosquitos, vengan y traten de envasarlo sin sacos ni condiciones, hagan milagros para resolver el combustible para poderlo transportar luego de haberse producido, luego hagan piruetas para lograr enfrentar la burocracia y lograrlo comercializar. Entonces así cuando tengan esta experiencia dantesca de lo que significa producir verán lo justo o no que es recibir este tratamiento por parte del Gobierno Cuba.